El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó hoy por narcoterrorismo a René Arzate García, alias ‘La Rana’, presunto jefe de plaza en Tijuana para la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa — vinculada históricamente a Ismael Zambada García, ‘El Mayo’.
La acusación, presentada en el Distrito Sur de California, incluye cargos por apoyo material al terrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares en recompensas — 5 por ‘La Rana’ y 5 por ‘El Aquiles’, su hermano Alfonso Arzate. Están señalados como operadores clave del corredor de Tijuana durante más de 15 años.
Pero el expediente judicial abrió otra grieta: la política.
Ayúdenos a capturar a dos de los operadores más conocidos del Cartel de Sinaloa. Ofrecemos hasta $10 millones de dólares en recompensa por información conducente al arresto y/o condena de los jefes de la Plaza de Tijuana, René y Alfonso Arzate-García. https://t.co/Wjguh0wjBw pic.twitter.com/fYwgtI0uox
— US Dept of State INL (@StateINL) February 26, 2026
En septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a 22 personas y empresas en Baja California presuntamente ligadas a la red de los Arzate.
Entre los nombres mencionados apareció el de la diputada federal de Morena Hilda Araceli Brown, exalcaldesa de Playas de Rosarito. El Tesoro señaló que, durante su gestión municipal (2021–2024), operadores vinculados al grupo criminal habrían utilizado intermediarios para influir y ejercer control en el gobierno local. Brown ha negado las acusaciones.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila salió públicamente en su defensa. “Es compañera de lucha”, dijo en conferencia, al ser cuestionada sobre el congelamiento de cuentas anunciado por Washington y la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana. La mandataria no enfrenta cargos en este caso.
El contexto se volvió más delicado cuando, meses antes, Estados Unidos canceló la visa de Ávila y de su entonces esposo, Carlos Torres Torres. La medida detonó especulaciones políticas, aunque Washington no detalló públicamente las razones.
Pero existen declaraciones judiciales que afirman que ‘La Rana’ habría dado más de 20 millones de dólares para la campaña de la gobernadora de Baja California — Marina del Pilar — insiste Simón Levy, el exsubsecretario de Planeación y Política Turística de México.
Por ahora, no existen acusaciones penales formales en su contra en Estados Unidos. Pero en el debate público, también entra Luis Alfonso Torres — hermano de Carlos Torres y exfuncionario aduanal en Tijuana — debido a investigaciones y acusaciones de contrabando y huachicol fiscal que existen en su contra.
Entre sanciones financieras, recompensas millonarias y acusaciones de narcoterrorismo, el caso ‘La Rana’ volvió a poner a Baja California bajo el reflector internacional.
Por ahora, los cargos formales están del lado criminal, pero Estados Unidos sigue jalando el hilo negro, revelando los nexos entre el narco y el gobierno de Baja California.