Mientras la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, intenta convertir los audios donde aparece hablando de compartir información con el FBI en un ataque contra Jaime Bonilla, el fuego cruzado vuelve a colocar al exgobernador bajo el reflector.
El caso que salpica a la mandataria también pone bajo la lupa a Bonilla y su pasado como informante del FBI.
En los últimos días, Marina del Pilar ha sostenido que Bonilla fue quien facilitó los encuentros con supuestos agentes estadounidenses que terminaron grabando conversaciones privadas. Según su versión, todo formó parte de un “montaje” para perjudicarla políticamente. Pero archivos judiciales y reportajes publicados en Estados Unidos muestran que Bonilla ya había colaborado con el FBI más de dos décadas antes.
Varios de los hechos sobre la investigación federal en la que colaboró Jaime Bonilla fueron reportados en su momento por medios estadounidenses consultados por LATIN LA. Entre ellos destacan Los Angeles Times, San Diego Union-Tribune y San Diego Reader.
En 2003, The San Diego Union-Tribune reveló durante un juicio civil que Bonilla acudió al FBI en 2001 para denunciar un presunto intento de soborno relacionado con una votación en la Mesa Directiva del Otay Water District. De acuerdo con el periódico, los agentes federales le pidieron portar un micrófono oculto y grabar conversaciones con otros integrantes del organismo. La investigación buscaba confirmar una supuesta conspiración para comprar votos.
El caso nunca terminó en cargos penales. La Fiscalía federal concluyó posteriormente que no existían pruebas suficientes para presentar acusaciones. Sin embargo, durante el mismo juicio surgió una versión completamente distinta.
El exconsejero Fred Cárdenas declaró bajo protesta de decir verdad que Bonilla habría solicitado un soborno de un millón de dólares para emitir su voto a favor de un proyecto energético. Durante una reunión celebrada en enero de 2001, Cárdenas afirmó que “el señor Bonilla le dijo a Art:
‘Quiero un millón de dólares por mi voto. Sé que vas a ganar mucho dinero y yo quiero un millón de dólares’”.
Bonilla negó la acusación y respondió con una frase que se convirtió en uno de los pasajes más citados del caso: “Si ese fuera el caso, ¿por qué habría ido yo al FBI?”.
También Los Angeles Times documentó que el gobierno estadounidense confirmó que Bonilla trabajó como informante durante aproximadamente cinco meses. Durante ese periodo realizó múltiples grabaciones clandestinas como parte de la investigación.
Fragmento de un reporte de Los Angeles Times del 23 de octubre de 2003:
Como ocurrió, el FBI estaba investigando presuntos actos de corrupción en la junta de agua y utilizaba a su presidente, Jaime Bonilla, como informante.
En mayo de 2001, Bonilla grabó en secreto una conversación con Gastélum en un restaurante de mariscos en Chula Vista. El FBI entregó a los fiscales de Los Ángeles una transcripción de la grabación.
Mientras comían sándwiches y calamares fritos, Gastélum explicó cómo podía generar un millón de dólares para Bonilla haciendo que un subcontratista del proyecto de la línea de transmisión inflara su factura.
El diario señaló que el FBI confirmó su colaboración, aunque finalmente decidió no presentar cargos contra ninguno de los involucrados.
El episodio volvió a cobrar fuerza esta semana después de que el analista político Jaime Martínez Veloz publicara una columna basada en su libro El impostor Jaime Bonilla: crónicas de un infiltrado del FBI.
En el texto sostiene que Bonilla sería un “informante del FBI certificado”. También recalca que su colaboración quedó documentada en expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bonilla grabó conversaciones con un cabildero de Los Ángeles y otros integrantes del consejo del Otay Water District, utilizando equipo proporcionado por el FBI.
La coincidencia política resulta difícil de ignorar.
Por un lado, Marina del Pilar enfrenta cuestionamientos por audios donde aparentemente se muestra dispuesta a compartir información sensible con autoridades estadounidenses. Por otro, el político al que ahora responsabiliza de esa supuesta trampa tiene un historial público de colaboración con el FBI. Esa relación fue documentada hace más de 20 años.
La disputa ya no gira únicamente sobre quién filtró las grabaciones recientes. También revive una pregunta incómoda para la política bajacaliforniana: dos de sus principales protagonistas aparecen, en momentos distintos, vinculados a intercambios de información con autoridades federales de Estados Unidos.