La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, responsabilizó este miércoles a su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, de haber organizado una trampa que derivó en la filtración de los audios donde presuntamente ofrece colaborar con supuestos agentes de Estados Unidos.
Durante su conferencia semanal, Ávila aseguró que aceptó reunirse con personas presentadas como autoridades estadounidenses porque Bonilla le ofreció ayuda para revisar la situación de su visa, la cual le fue retirada por Estados Unidos en 2025 por motivos que siguen sin hacerse públicos.
“Confié de buena fe en mi antecesor. Tuve esa reunión de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, declaró.
Según la mandataria, el encuentro ocurrió el 15 de diciembre de 2025. Afirmó que, al notar irregularidades, pidió a los supuestos funcionarios estadounidenses que continuaran cualquier comunicación con su abogado, Michael Nadler.
“Nunca lo buscaron, nunca se comunicaron con él, nunca presentaron un solo documento. Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente”, sostuvo.
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La gobernadora negó haber entregado información sensible o comprometido la seguridad nacional.
“Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones”, afirmó. También insistió en que, como gobernadora, no tiene acceso a información de seguridad nacional y que lo discutido en esa conversación estaba relacionado únicamente con su situación migratoria.
Ávila calificó el episodio como una operación de engaño y venganza política.
“Es evidente que aquí nunca hubo intervención de agentes o enlaces con el gobierno de los Estados Unidos. El enviado de Jaime Bonilla hizo un montaje y fui víctima de una operación de engaño y de venganza política”, dijo.
La polémica estalló después de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera fragmentos de un audio donde una voz atribuida a la gobernadora afirma que está dispuesta a cooperar con autoridades estadounidenses y compartir información escuchada en las mesas de seguridad.
Tras la filtración, el Gobierno federal cerró filas con la mandataria. El martes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que en la grabación no se aprecia la entrega de información sensible ni elementos que constituyan un delito. La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió y aseguró que no existen motivos para abrir una investigación federal contra la gobernadora.
Mientras tanto, la oposición mantiene la presión. El Partido Acción Nacional (PAN) pidió que Marina del Pilar solicite licencia al cargo mientras se esclarecen los hechos. El caso de la gobernadora continúa alimentando la confrontación política en Baja California.
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