La historia comenzó como un supuesto atentado con sicarios. Pero terminó reducida — al menos según autoridades y videos de seguridad — a un robo de celular en el patio de una casa en Playas de Tijuana.
El diputado panista César Damián Retes denunció inicialmente en redes sociales que su domicilio había sido blanco de un “atentado” mientras su familia se encontraba dentro de la vivienda. La versión circuló rápidamente en medios y redes.
Algunos mensajes incluso hablaban de hombres armados que habrían irrumpido en la propiedad.
“Hago responsable a la gobernadora Marina del Pilar Avila y al alcalde de Tijuana Ismael Burgueño por la seguridad de mi familia y la mía propia. Así nos paga el gobierno cuando alzamos la voz”, dijo en un video, ligando los hechos con sus labores como diputado. “Al final dijeron que se trataba de una advertencia”, insistió.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana informó después que el incidente fue muy distinto y sus propios cámaras de seguridad captaron una versión muy distinta de los hechos.
Según el reporte oficial, un hombre entró al patio del domicilio porque la reja estaba abierta y le arrebató el teléfono celular a una trabajadora del hogar antes de huir. No hubo disparos ni hombres armados. El sospechoso — identificado como Jonathan “N” — fue detenido tras un operativo en la zona. La víctima lo reconoció y los agentes recuperaron el teléfono robado.
Un video de seguridad del domicilio muestra el momento en que el sujeto ingresa al patio, se acerca a la empleada que regaba el jardín y le arrebata el celular antes de correr hacia la calle.
Aun así, el legislador insiste en que se trató de algo más grave. En declaraciones posteriores, Damián Retes aseguró que el hombre tocó físicamente a la trabajadora y lanzó una advertencia al huir. “Eso es un atentado”, afirmó.
También cuestionó la versión policial sobre el celular recuperado. Según el diputado, policías municipales habrían dicho que necesitaban “encontrar algo” para mantener detenido al sospechoso, insinuando que el teléfono pudo haber sido sembrado.
El caso también generó confusión sobre cómo surgió la versión del supuesto ataque armado. El propio diputado negó haber difundido ese relato y señaló que la información comenzó a circular en redes sociales a través del ex secretario de Seguridad de Tijuana, Alberto Capella — con quien habría cancelado una reunión ese día — y del periodista Paco Zea.
“Por fortuna su familia está bien. Sin embargo, una colaboradora resultó lesionada por golpes, lo cual confirma la gravedad de lo ocurrido”, escribió Capella. “Cuando se agrede a quien decide hablar, denunciar y señalar, el mensaje busca sembrar miedo. Y justamente por eso no se puede guardar silencio”.
La versión que circuló — de un comando armado y una colaboradora lesionada — simplemente no coincide con el video ni con el reporte oficial.
Mientras tanto, el diputado sostiene que el incidente podría estar relacionado con sus posiciones críticas en el Congreso local. Recordó que en el pasado su casa fue allanada tras votar contra la reforma al Poder Judicial. Posteriormente, dice, sufrió el robo de un vehículo después de denunciar irregularidades contra el gobierno estatal.
Por ahora, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación. La denuncia del legislador se presentó por amenazas y allanamiento, mientras que el Ministerio Público sigue la carpeta por robo.
Entre versiones encontradas, un video que muestra un simple arrebato y acusaciones de manipulación policial, el episodio dejó más preguntas que certezas en la política de Baja California. Y en Tijuana, un supuesto atentado terminó convertido en una polémica sobre percepción, narrativa y control de daños.
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