El gobierno de Baja California reconoció por primera vez, de forma abierta, lo que pescadores, empresarios y restauranteros denuncian desde hace años: el crimen organizado controla buena parte del mercado pesquero de Ensenada.
Durante la presentación del Operativo Marea, el secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, admitió que grupos criminales dominan distintos eslabones de la cadena de suministro de pescados y mariscos.
“Vamos a tratar de romper esta cadena de suministros, del control en manos de unas cuantas personas”, declaró el funcionario. Explicó que el objetivo es impedir el acopio, el almacenamiento, la distribución y la venta obligada de productos del mar en Ensenada.
Carrillo aseguró que el problema va mucho más allá del cobro de piso.
“Está en todas partes. Está en el mar, está en la pesca, está en la compra, en la venta y también en la pesca ilegal. Este problema es complejo y tiene demasiadas aristas”, afirmó. En el operativo participan la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las fiscalías federal y estatal. También colaboran la Cofepris, la Coepris, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.
La admisión llega casi dos años después del asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta en Baja California de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca). La empresaria fue asesinada el 8 de julio de 2024 en El Sauzal. Horas antes denunció públicamente el cobro de piso, las extorsiones y el control criminal sobre la pesca en Ensenada. Su homicidio sigue sin resolverse.
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Las declaraciones del secretario también coinciden con investigaciones periodísticas que desde hace meses identifican a Arturo Alejandro Hernández Medina, alias “El Tury”, como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa en el puerto.
De acuerdo con reportes publicados por ZETA e Infobae, Hernández Medina trabaja para la facción de “Los Aquiles”, encabezada por Alfonso y René Arzate García. Empresarios del sector lo señalan por imponer cuotas de entre 20 mil y 60 mil pesos mensuales. También lo acusan de fijar precios de compra y venta de mariscos y decidir qué proveedores pueden participar en la cadena comercial.
Las denuncias incluyen amenazas, incendios de negocios, agresiones armadas y ataques contra quienes se niegan a pagar.
Su nombre cobró mayor relevancia en agosto de 2025. Entonces aparecieron narcomantas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación que acusaban a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda de proteger las operaciones de “El Tury”.
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Los mensajes advertían que “seguiría corriendo sangre” mientras el presunto operador del Cártel de Sinaloa continuara actuando con impunidad.
La gobernadora nunca fue acusada formalmente a partir de esas mantas. Tampoco existe una resolución judicial que respalde esos señalamientos. Aun así, los mensajes colocaron el tema en el centro del debate sobre la violencia en Ensenada.
La crisis continúa golpeando a uno de los sectores económicos más importantes de Baja California. El mercado pesquero de Ensenada genera una derrama anual estimada en más de 600 millones de dólares y sostiene miles de empleos. Sin embargo, durante los últimos dos años la región ha registrado asesinatos de empresarios, pescadores y comerciantes. También ha sufrido ataques contra pescaderías, restaurantes y plantas procesadoras.
Con el lanzamiento del Operativo Marea, el gobierno estatal reconoce que el problema nunca se limitó a casos aislados de extorsión.
La disputa por el control del mar, la pesca y los mariscos se convirtió hace tiempo en otro frente de operación del crimen organizado en Baja California.