Una investigación de Latinus reveló que Luis Alfonso Torres Torres, entonces cuñado de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, compró un terreno colindante con la planta de Toyota en Tijuana meses antes de que la automotriz anunciara una inversión multimillonaria en la entidad.
Documentos registrales consultados por ese medio muestran que Torres Torres pagó 400 mil pesos en efectivo por el predio en julio de 2024. Cuatro meses después, Toyota confirmó la expansión de sus operaciones en Baja California. Hoy, el terreno tendría un valor cercano a 13 millones de pesos, una plusvalía aproximada del 3,000%.
El predio mide 13 mil 174 metros cuadrados y se ubica en una zona industrial estratégica entre Tijuana y Tecate, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. La operación equivale a un precio cercano a 30 pesos por metro cuadrado. Sin embargo, el reportaje señala que terrenos similares ya superaban los mil pesos por metro cuadrado en esa zona.
La diferencia entre el precio pagado y el valor comercial convirtió la compraventa en el principal foco de las revelaciones.
Latinus también documentó que Luis Alfonso Torres Torres mantiene una relación empresarial con la familia de la gobernadora. Es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar, y ambos aparecen como socios de la mandataria en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para actividades comerciales relacionadas con productos orgánicos y otros giros.
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La publicación añade que diversos reportes periodísticos vinculan a los hermanos Torres Torres con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de huachicol de hidrocarburos, lavado de dinero y delincuencia organizada. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre el estado procesal de esas investigaciones.
El caso surge en un momento de alta presión política para la administración estatal.
En los últimos meses, Marina del Pilar ha enfrentado una serie de controversias. Entre ellas está la revocación de su visa estadounidense, la filtración de audios incómodos y crecientes cuestionamientos sobre su entorno político y familiar. En ese contexto, las revelaciones de Latinus reavivaron el debate sobre un posible uso de información privilegiada para obtener beneficios patrimoniales.
Hasta el momento, ni la gobernadora Marina del Pilar Ávila ni Luis Alfonso Torres Torres han ofrecido una explicación pública sobre los señalamientos.
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