La directora del semanario ZETA, Adela Navarro Bello, lanzó esta semana una advertencia directa sobre el rumbo político de Baja California.
En una columna publicada el 20 de marzo, la periodista sostiene que la infiltración del narcotráfico en instituciones del estado ya permite hablar nuevamente de narcopolítica.
“Cuando el narcotráfico empieza a infiltrarse en las policías, en las fiscalías y en los gobiernos, y vaya que hay casos en Baja California tan sólo en los últimos cuatro años, ya se puede hablar, otra vez, de narcopolítica”, escribió Navarro Bello.
“Innegablemente, hay políticos y funcionarios y exfuncionarios al servicio del narcotráfico”, advirtió.
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La advertencia llega tras una serie de escándalos que han golpeado al gobierno estatal encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Uno de los casos más recientes ocurrió a finales de febrero de 2026.
Fernando Luis Esquer-Díaz, exdirector del ISSSTECALI designado durante la actual administración estatal, fue detenido al intentar cruzar la frontera entre Mexicali y Calexico por la línea Sentri.
En su vehículo transportaba casi 70 kilogramos de metanfetamina.
Pura gente de la gobernadora @MarinadelPilarDetienen en EU a exdirectivo de Salud de Baja California por intentar ingresar 70 kilos de drogasFernando Luis Esquer-Díaz fungía como director de servicios generales del ISSSTECALI, sin embargo, hace un año presentó su renuncia pic.twitter.com/rMx6lOWmDP— José Díaz (@JJDiazMachuca) March 17, 2026
No es un caso aislado.
En junio de 2022, el agente del Ministerio Público Octavio Andree Espino Torres fue detenido al intentar cruzar de Tijuana a San Diego con más de 29 kilos de metanfetamina escondidos en su vehículo. Un año después, otra funcionaria de la Fiscalía estatal, Ana Sofía López Osuna, fue arrestada en circunstancias similares mientras transportaba 38 kilos de cocaína.
A estos episodios se suman denuncias internas contra funcionarios encargados de combatir el narcomenudeo. El fiscal Juan Carlos Pelayo fue señalado por subalternos de proteger a ciertos distribuidores de droga y exigir pagos a cambio de evitar operativos.
A pesar de las acusaciones, permaneció en la nómina estatal y sólo fue cambiado de área.
También han surgido casos dentro de corporaciones policiales. En 2025, al menos 14 agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana fueron suspendidos tras ser acusados de robar cerca de 180 kilos de droga decomisada.
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El episodio más delicado ocurrió en 2025. El gobierno de Estados Unidos vinculó a la exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, con una red de lavado de dinero asociada a los hermanos Arzate, operadores del narcotráfico en la región.
Washington canceló sus visas y congeló cuentas de personas cercanas a esa estructura criminal.
Para Navarro Bello, el patrón es claro. Funcionarios de fiscalías, policías y gobiernos locales están involucrados en actividades del narcotráfico o señalados por proteger a sus operadores.
Adela Navarro Bello es una de las periodistas de investigación más influyentes del noroeste de México. Es actual directora del semanario ZETA — el histórico medio de Tijuana conocido por sus investigaciones sobre corrupción política y crimen organizado.
Bajo su liderazgo, ZETA ha seguido publicando investigaciones sobre narcotráfico, narcopolítica y abusos de poder en Baja California. Es una tradición periodística que ha convertido al semanario en una de las voces más incómodas para el poder político en la región.
En ese contexto — sostiene la periodista — Baja California vuelve a enfrentar un fenómeno que marcó etapas oscuras de su historia política: un gobierno donde la línea entre el poder público y el crimen organizado empieza a desdibujarse.