En la frontera, las líneas entre política, negocios y crimen organizado a veces se cruzan en lugares inesperados.
Esta semana, el nombre de Olivaldo Paz Gómez — actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana (CANACO) — volvió a circular en la conversación pública luego de que registros empresariales revelaran una antigua sociedad comercial que lo vincula con operadores claves del Cártel de Sinaloa en Baja California.
Documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio muestran que en 2006 se constituyó en Tijuana la empresa Licores Chevos S. de R.L. de C.V.
Entre los socios aparecían Alfonso Arzate García, alias ‘El Aquiles’, junto con el propio Paz.
La empresa, según los registros, sería administrada por integrantes de la familia Arzate, un apellido que aparece de forma recurrente en investigaciones federales de Estados Unidos, relacionadas con el narcotráfico en la frontera.
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En febrero de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó por “narcoterrorismo” a René Arzate García, alias ‘La Rana’, presunto jefe de plaza en Tijuana para una facción del Cártel de Sinaloa. Washington ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de él y su hermano Alfonso Arzate García, ‘El Aquiles’ — exsocio del presidente actual de CANACO.
Son señalados por autoridades estadounidenses como responsables de operar durante más de una década el corredor de drogas hacia Estados Unidos. Ambos están acusados de conspiración para traficar drogas — incluyendo fentanilo, metanfetamina y cocaína — hacia Estados Unidos.
La sociedad empresarial entre Paz y los Arzate se remonta a un momento anterior a que estos nombres aparecieran en expedientes judiciales y listas de sanciones internacionales. El dirigente empresarial ha explicado públicamente que su participación en la empresa fue temporal. Según su versión, permaneció en la sociedad cerca de dos años y posteriormente se retiró, tras lo cual el negocio terminó cerrando.
Aun así, el antecedente continúa generando cuestionamientos porque hoy Olivaldo Paz encabeza uno de los organismos empresariales más influyentes de la frontera. En Tijuana, CANACO no sólo representa intereses comerciales. También participa activamente en debates sobre seguridad, desarrollo económico y la relación entre empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno.
El tema aparece además dentro de un contexto más amplio. En los últimos meses, investigaciones y sanciones del gobierno de Estados Unidos han puesto bajo escrutinio las redes económicas y políticas que durante años convivieron con operadores del Cártel de Sinaloa en Baja California.
Funcionarios, empresarios y figuras públicas han aparecido en reportes y sanciones. Mientras Washington continúa jalando el hilo negro de las estructuras financieras que permitieron el crecimiento de la organización criminal en la región.
Ayúdenos a capturar a dos de los operadores más conocidos del Cartel de Sinaloa. Ofrecemos hasta $10 millones de dólares en recompensa por información conducente al arresto y/o condena de los jefes de la Plaza de Tijuana, René y Alfonso Arzate-García. https://t.co/Wjguh0wjBw pic.twitter.com/fYwgtI0uox
— US Dept of State INL (@StateINL) February 26, 2026
Las investigaciones también han comenzado a salpicar al ámbito político.
En 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a decenas de personas y empresas en Baja California presuntamente vinculadas a la red de los Arzate. Y, por ende, al Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres mencionados apareció el de la diputada federal de MORENA, Hilda Araceli Brown, exalcaldesa de Playas de Rosarito. Brown ha negado las acusaciones. Y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda salió públicamente en su defensa. El episodio se volvió aún más delicado cuando Estados Unidos canceló la visa de la gobernadora y de su entonces esposo Carlos Torres Torres. Esa decisión detonó especulaciones políticas en la región, aunque Washington nunca explicó públicamente las razones.
Por su parte, Paz continúa negando la afiliación con los hermanos Arzate.
“No, no, no — no es así como lo dicen, claro que no” declaró el presidente de CANACO. “Es mentira, todo eso es infundado”.
También ha negado otras acusaciones incómodas que operan en su contra. A mediados de febrero, afuera de las instalaciones de CANACO Tijuana, se manifestaba un grupo en contra de Paz, argumentando que también ha sido denunciado por agresión sexual hacia una exempleada.
“En Cámara de Comercio esa cuestión que yo tengo es de mi vida personal. Todos tenemos problemas en la vida y hay que afrontarlos”, dijo. “Mi vida personal — saliendo de aquí — afuera, allá, lo voy a arreglar”.
Por ahora, no existe acusación penal contra Olivaldo Paz.
Pero en Baja California, donde el narcotráfico ha convivido durante años con la política y los negocios, los registros del pasado rara vez quedan enterrados. Cada investigación, cada sanción financiera y cada expediente abierto en Estados Unidos vuelve a colocar a la región bajo el reflector internacional.
Y mientras Washington sigue desentrañando las redes del Cártel de Sinaloa, nombres del mundo empresarial y político de la frontera continúan apareciendo — una y otra vez — en ese mismo mapa de relaciones incómodas.