Una investigación de Los Angeles Times revela que al menos 13 ciudadanos mexicanos han muerto en bombardeos que el gobierno de Estados Unidos lanzó contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales.
El caso más documentado ocurrió el 16 de febrero. Ese día, ocho hombres originarios de Nayarit desaparecieron después de que el Comando Sur de Estados Unidos atacó con misiles dos embarcaciones que calificó como objetivos de “narco-terroristas”. Según testimonios recabados por el diario, organizaciones criminales contrataron a los hombres para abastecer de combustible a lanchas rápidas que transportaban cocaína desde Sudamérica.
La investigación aclara que los fallecidos no eran pescadores ajenos al crimen organizado. Eran trabajadores del mar que aceptaban participar en operaciones logísticas del narcotráfico por la precariedad económica y la presión que ejercen los cárteles en las costas mexicanas. Habitantes de varias comunidades pesqueras reconocen que esta práctica se ha vuelto común desde hace años.
El reportaje también documenta la muerte de otros cinco mexicanos en ataques similares registrados en distintos puntos del Pacífico. Con esos casos, el número de víctimas mexicanas identificadas asciende a 13.
Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado 64 bombardeos contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe. Esos ataques dejaron 221 personas muertas. Sin embargo, Washington no ha revelado la ubicación exacta de los operativos ni la identidad de las víctimas.
La investigación también revela que la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó no tener información sobre mexicanos fallecidos en estos operativos. Por su parte, la Marina solo confirmó que los ataques ocurrieron fuera de la Zona Económica Exclusiva de México.
Especialistas en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos consultados por Los Angeles Times sostienen que estos bombardeos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Argumentan que Estados Unidos ejecutó los ataques sin un proceso judicial y bajo criterios de selección que siguen siendo confidenciales.
La administración de Donald Trump sostiene que la estrategia es legal porque designó a las organizaciones criminales como grupos terroristas. También afirma que las embarcaciones utilizadas en rutas del narcotráfico constituyen objetivos militares legítimos. No obstante, senadores estadounidenses advirtieron que algunos ataques recibieron autorización sin evidencia pública de que las embarcaciones transportaran armas o drogas.
Mientras tanto, el temor crece en las comunidades pesqueras del Pacífico mexicano. Muchos pescadores que realizan actividades legales en altamar temen que las autoridades estadounidenses los confundan con operadores del narcotráfico y los conviertan en objetivos de futuros bombardeos.