De acuerdo con información del sector transportista, el retiro de documentos migratorios afecta a cerca de 4 mil operadores en todo el país, de los cuales aproximadamente 400 corresponden a Tijuana, una de las ciudades con mayor actividad de cruce de carga hacia Estados Unidos.
Representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) señalaron que esta situación ha encendido alertas dentro del sector, debido a que los choferes afectados son piezas clave en la cadena logística que conecta a la industria maquiladora y exportadora de Baja California con el mercado estadounidense.
Uno de los principales puntos de revisión por parte de las autoridades estadounidenses está relacionado con el cumplimiento de normas del cruce fronterizo, particularmente el llamado cabotaje, que prohíbe a transportistas extranjeros realizar movimientos internos dentro de Estados Unidos. También se han señalado irregularidades en revisiones y condiciones del uso de la visa de trabajo y cruce.
De acuerdo con líderes del sector, aunque en algunos casos se ha especulado que las cancelaciones están relacionadas con el dominio del idioma inglés, la postura oficial del gremio transportista indica que los principales motivos están ligados a interpretaciones más estrictas de las reglas de operación en territorio estadounidense, así como a revisiones más rigurosas en garitas y puntos de inspección.
Transportistas advierten que la reducción de operadores con visa vigente podría generar retrasos en el traslado de mercancías, aumento en costos logísticos y presión en la disponibilidad de choferes capacitados para cubrir rutas transfronterizas, lo que impactaría directamente a la industria exportadora de la región.
Además, el sector ha comenzado a coordinarse con autoridades y agencias fronterizas para revisar casos específicos y buscar mecanismos que permitan reducir el impacto en la operación cotidiana del transporte de carga internacional.
En paralelo, especialistas en comercio exterior señalan que este tipo de medidas forma parte de un contexto más amplio de mayor control migratorio y de seguridad en los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, especialmente en rutas comerciales de alta importancia como Tijuana–San Diego.
