La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, rechazó las acusaciones de nepotismo relacionadas con el empleo de su hija, Laura Elena Madrigal, quien actualmente cuenta con una plaza de base en la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (CESISPE).
Las señalamientos surgieron a partir de información difundida en redes sociales y plataformas de transparencia, donde se afirma que la funcionaria habría favorecido el ingreso de su hija al sistema penitenciario durante su gestión.
Andrade Ramírez negó esa versión y aseguró que los registros oficiales muestran que su hija ingresó al sistema en un periodo anterior a su llegada a la titularidad de la Fiscalía General del Estado. “Por supuesto que no, te lo aseguro y te lo confirmo”, respondió al ser cuestionada sobre un posible caso de nepotismo.
La fiscal confirmó que su hija trabaja en la CESISPE y que actualmente tiene una plaza de base, obtenida —dijo— conforme a la ley. Añadió que la dependencia puede transparentar su historial administrativo.
Laura Elena Madrigal habría pasado de trabajar como estilista en una estética a desempeñarse como auxiliar administrativo en el sistema penal de Baja California, con un sueldo aproximado de 33 mil pesos mensuales.
Sin embargo, la fiscal insistió en que no existe irregularidad ni conflicto de interés, y sostuvo que cualquier autoridad puede revisar la documentación del caso.
La funcionaria también rechazó las versiones que la califican como “aviadora” y aseguró que desempeña funciones reales dentro de la institución.
Durante la conferencia de prensa, Andrade Ramírez informó que su hija enfrenta desde hace varios años un padecimiento de salud emocional. Explicó que, por esa condición, ha recibido apoyo dentro de un esquema para personas en situación vulnerable, lo cual —afirmó— no representa ninguna irregularidad.
“Ha luchado mucho. Tiene años junto conmigo para sacar adelante su salud emocional. Como mamá la voy a apoyar hasta el último momento”, expresó.
La controversia surgió tras la difusión de información sobre la nómina del sistema penitenciario y el estatus laboral de Madrigal. Andrade Ramírez reiteró que no existe conflicto de interés y que la documentación puede ser verificada por las autoridades correspondientes.
Sin embargo, el caso continúa generando cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro de la dependencia estatal.