De un imperio de tacos en L.A. a una empleada calcinada y una investigación por homicidio que salpica a ICE

La historia de éxito de Ricos Tacos Naomi dio un giro brutal tras el hallazgo del cuerpo calcinado de una trabajadora. Ahora, el caso también expone cómo las deportaciones de ICE complicaron una investigación por homicidio

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Durante años, Mariana Yepez representó una historia de éxito migrante en Los Ángeles. Hoy enfrenta una investigación por asesinato.

La empresaria originaria de Sonora construyó una de las cadenas de puestos de tacos más populares del sur de California. Ahora enfrenta cargos por conspiración para cometer homicidio tras la muerte de una de sus empleadas. El caso no solo sacudió a la comunidad gastronómica de Los Ángeles. También muestra cómo la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) complicó una investigación criminal.

Según una investigación de Los Angeles Times, fiscales acusaron a Yepez, de 43 años, y a otros empleados de Ricos Tacos Naomi por la muerte de Soledad López, de 47 años. En septiembre de 2025, policías encontraron el cuerpo calcinado de la trabajadora dentro de la cajuela de un automóvil abandonado en un corralón del sur de Los Ángeles.

Foto cortesía de FOX LA

Las autoridades sostienen que López salió de uno de los puestos de tacos junto con su compañera Sandra Romo Díaz. Después, ambas se dirigieron a una bodega que la empresa utilizaba como almacén. Cámaras de vigilancia registraron su entrada al inmueble, pero López nunca volvió a salir.

Según la fiscalía, las cámaras también muestran a Romo Díaz entrando y saliendo de la bodega con dos bidones de gasolina. Más tarde abandonó el lugar al volante del vehículo de la víctima. Dos días después, la Policía de Los Ángeles encontró el automóvil incendiado con los restos de López ocultos dentro de bolsas de plástico.

Romo Díaz enfrenta cargos de homicidio. Por su parte, Yepez y otro empleado enfrentan acusaciones por conspiración para cometer asesinato. Los fiscales sostienen que el crimen surgió tras una disputa por dinero relacionada con un accidente automovilístico ocurrido meses antes.

Las tres mujeres recibieron una indemnización después de que otro conductor chocó el vehículo en el que viajaban en enero de 2025. López debía recibir alrededor de 11,500 dólares. Sin embargo, la investigación señala que Yepez endosó el cheque y lo depositó en una cuenta bancaria. La trabajadora nunca recibió ese dinero. La defensa de la empresaria niega cualquier irregularidad y asegura que demostrará su inocencia.

Antes de convertirse en una figura conocida de la comida callejera angelina, Yepez y su esposo trabajaron durante años en camiones de comida y restaurantes, incluidos los populares Kogi BBQ. En 2018 fundaron Ricos Tacos Naomi y bautizaron el negocio con el nombre de su hija.

Fuente de imagen: Ricos Tacos Naomi

Con especialidades como tacos de cabeza y al pastor, el proyecto pasó de un solo puesto a casi una docena de ubicaciones entre Long Beach, Los Ángeles y el Valle del Antílope. Críticos gastronómicos elogiaron la cadena y muchos la consideraban una de las nuevas referencias de la comida callejera en la ciudad.

Hoy, esa historia del llamado “sueño americano” quedó opacada por una investigación de homicidio.

El caso también abrió otro frente de debate. Mientras detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles terminaban de integrar la investigación, agentes de ICE detuvieron a Yepez por motivos migratorios. Otro acusado, el empleado hondureño Óscar Villafranca, salió de Estados Unidos tras recibir una orden de deportación antes de que las autoridades presentaran cargos en su contra.

Autoridades locales dijeron a Los Angeles Times que la salida de uno de los sospechosos y la detención de otra presunta implicada dificultaron la investigación y podrían complicar el juicio. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles aseguró que buscará la extradición de Villafranca.

Yepez permanece detenida con una fianza de dos millones de dólares y se declaró inocente. Sus abogados sostienen que no participó en el asesinato y confían en que el proceso demostrará su inocencia.

Más allá del proceso judicial, el caso puso bajo la lupa las condiciones laborales dentro de algunos negocios de la economía informal y mostró cómo la política migratoria puede interferir con investigaciones por delitos graves.

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