La crisis política de Marina del Pilar Ávila acaba de cruzar otro umbral.
Después de semanas de filtraciones, audios, chats y cuestionamientos por sus acercamientos con autoridades estadounidenses para recuperar la visa que le fue revocada, el caso llegó a la Fiscalía General de la República.
Este lunes, el empresario y exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, presentó una denuncia penal para que se investigue a la gobernadora de Baja California por el presunto delito de traición a la patria y cualquier otro ilícito que pudiera desprenderse de los hechos.
“Informo a los mexicanos que he presentado ante la FGR una denuncia penal por traición a la patria y los delitos que resulten procedentes contra Marina del Pilar”, escribió Levy en redes sociales. Agregó que decidió hacerlo porque, “hasta donde tengo conocimiento, ningún servidor público de oposición en México había dado este paso”.
También difundió un mensaje en inglés dirigido al público estadounidense. Ahí sostuvo que el caso trasciende una disputa política y podría tener implicaciones en ambos lados de la frontera si las investigaciones acreditan posibles delitos.
“Esto no es una disputa política ordinaria. En México, una acusación relacionada con el presunto uso indebido o la divulgación de información vinculada a la seguridad nacional por parte de un gobernador en funciones se considera un asunto de extraordinaria gravedad y, de acreditarse, podría tener importantes consecuencias legales.”
La denuncia llega apenas horas después de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera una nueva serie de audios y conversaciones atribuidas a la gobernadora. En ellas, Marina del Pilar explica que contrató a Juan Sandoval, un exagente del FBI radicado en San Diego, para ayudarla en las gestiones relacionadas con la cancelación de su visa estadounidense.
“Por eso lo contraté”, dice la gobernadora en una de las conversaciones, al explicar que Sandoval había trabajado en el Buró Federal de Investigaciones. En otros mensajes, la mandataria reconoce que integrantes de su equipo establecieron contacto con Sandoval por su trayectoria en el FBI. También admite que esas gestiones debieron realizarse “de manera formal con los abogados para que no parezca que estoy buscando otras vías”.
Hasta ahora, Marina del Pilar no ha negado la autenticidad de las conversaciones. Su defensa ha sido distinta. La gobernadora sostiene que cayó en “una trampa” política y acusa a su antecesor, Jaime Bonilla, de estar detrás de las filtraciones. También ha insistido en que nunca entregó información confidencial ni traicionó a México. Sin embargo, las revelaciones han intensificado la presión política.
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En los últimos días, distintas voces de la oposición y del debate público han planteado que los hechos ameritan una investigación. Entre ellas se encuentran la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; el senador Ricardo Anaya; el periodista Carlos Loret de Mola; y ahora Simón Levy.
Todos han pedido investigar un posible delito de traición a la patria o, al menos, esclarecer el presunto uso de información relacionada con reuniones de seguridad.
“Mi denuncia busca que se inicie una investigación penal formal conforme a la legislación mexicana”, escribió Levy.
Añadió que las pruebas y los hallazgos también podrían ser relevantes para eventuales actuaciones legales en Estados Unidos.
Mencionó posibles investigaciones por intento de soborno, tráfico de influencias u otras conductas bajo jurisdicción estadounidense, siempre que existan pruebas y fundamento legal. Hasta el momento, la FGR no ha anunciado una investigación pública contra Marina del Pilar por ese delito. La denuncia presentada por Levy representa una solicitud para que la Fiscalía determine si existen elementos para abrir una carpeta de investigación.
Mientras tanto, la crisis política continúa escalando.
En menos de dos semanas se han acumulado nuevas filtraciones de audios, conversaciones de WhatsApp, la revelación del exagente del FBI que habría asesorado a la gobernadora, un video en el que Jaime Bonilla promete confrontarla “toda la vida” y ahora una denuncia penal ante la FGR.
La presión sobre Marina del Pilar ya no se desarrolla únicamente en la arena política o mediática. Ahora también busca trasladarse al terreno penal.