Una sentencia civil contra el diario Unomásuno está siendo presentada en medios como una supuesta “exoneración” de Carlos Torres Torres — “ex” esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Pero el fallo judicial no resuelve acusaciones penales ni cierra investigaciones relacionadas con el exfuncionario.
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México condenó al periódico a publicar el derecho de réplica solicitado por Torres. También tendrá que pagar una multa equivalente a 500 Unidades de Medida y Actualización — unos 58 mil pesos. El juez Hugo Roberto Pérez Lugo firmó la resolución el 16 de abril de 2026.
El caso surgió después de dos notas publicadas por Unomásuno en octubre y noviembre de 2025. En ellas se mencionaban investigaciones y una presunta orden de aprehensión en Estados Unidos contra Torres por delitos como huachicol, venta de armas y lavado de dinero.
El juez determinó que el medio incumplió con el derecho de réplica al no publicar la respuesta del político. Por esa razón ordenó la rectificación y la multa económica.
Sin embargo, el propio fallo aclara que el juicio no analiza la veracidad de las acusaciones, sino únicamente si el medio negó el derecho de respuesta. En otras palabras, el proceso no determinó si los señalamientos contra Torres son verdaderos o falsos. Tampoco implica una absolución penal.
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A pesar de ello, varios medios difundieron titulares que sugieren que un juez “desmontó” las acusaciones o que Torres quedó libre de señalamientos. En Baja California y en medios de la Ciudad de México, la resolución civil fue presentada como si se tratara de una prueba de inocencia.
La diferencia es clave. El juicio que resolvió el juez Pérez Lugo pertenece al ámbito civil, mientras que las investigaciones por presuntos delitos federales corresponden al ámbito penal.
Hasta Carlos Torres compartió en su cuenta de Facebook una nota de Excélsior titulada ‘Juez federal da la razón a Carlos Torres ante difamación’, en la que el medio atribuye las acusaciones en su contra al exgobernador Jaime Bonilla.
“Bonilla emprendió una campaña de afirmaciones sin pruebas contra Carlos Alberto Torres Torres, acusándolo de vínculos con el huachicol y la venta de armas, entre otros delitos”, afirma el medio — ignorando años de señalamientos diversos contra el exfuncionario.
Las acusaciones que han rodeado a Torres no forman parte del expediente civil. De acuerdo con reportes periodísticos previos, la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones dentro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) relacionadas con presuntas operaciones ilícitas y lavado de dinero.
El caso tomó mayor visibilidad pública cuando Estados Unidos retiró las visas tanto a Torres como a la gobernadora Marina del Pilar a mediados del año pasado.
Así, mientras el fallo civil obliga a un medio a publicar una réplica y pagar una multa, las preguntas sobre las investigaciones penales — en qué etapa están y qué implicaciones tendrán — siguen abiertas.