El senador panista Ricardo Anaya volvió a colocar a Baja California en el centro del debate nacional — y esta vez con señalamientos directos contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su “ex” esposo, Carlos Torres.
Desde la tribuna del Senado, Anaya exigió que la mandataria estatal acuda a rendir cuentas y responda por dos temas clave: la cancelación de su visa estadounidense y las acusaciones contra Torres y su hermano, Luis Torres Torres.
“Queremos que venga a este Senado de la República a explicar por qué Estados Unidos le retiró su visa. ¿Qué le conocen en Estados Unidos?”, lanzó. Y fue más allá: “Queremos que también nos explique por qué su esposo Carlos Torres está acusado de huachicol fiscal y de encabezar una red de crimen organizado”.
El posicionamiento no llegó en el vacío. Se dio en medio de la discusión para citar a la gobernadora de Chihuahua a una reunión de trabajo por un operativo donde murieron dos agentes estadounidenses. El PAN aprovechó ese precedente para exigir “medir con la misma vara” a gobiernos de Morena.
“Nuestra posición es clara. Si a partir de hoy el Senado puede citar gobernadores, nosotros queremos aquí a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, para que explique toda esta red de crimen organizado encabezada por su esposo Carlos Torres”.
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Anaya incluso formalizó la solicitud por escrito. Según dijo, la comparecencia es necesaria “para explicar por qué le quitaron la visa y las actividades ilícitas de su esposo”.
La exigencia no es nueva. Desde mayo de 2025, tras la revocación de la visa, el senador ya había planteado sospechas sobre posibles vínculos con operaciones de huachicol fiscal.
“Exigimos transparencia. Queremos saber si la razón por la que se retiró esa visa tiene que ver con que estaban lavando dinero del crimen organizado”, declaró entonces. “Se tiene que transparentar cuál es su nivel de participación y cuáles van a ser las consecuencias”.
En esta nueva embestida, el discurso escala: ya no se trata solo de dudas, sino de acusaciones directas sobre una supuesta red criminal operando desde Baja California.
Mientras tanto, el Senado aprobó citar únicamente a autoridades de Chihuahua bajo la figura de “reunión de trabajo”, una salida política ante la falta de facultades formales para obligar a gobernadores a comparecer.
Aun así, el mensaje político ya está lanzado. Más allá de si la comparecencia ocurre o no, Anaya logró reposicionar un tema incómodo para el gobierno estatal: la visa, Carlos Torres y las sospechas de vínculos con redes ilícitas.
Y con eso, la presión vuelve a subir — ahora desde el Senado y con nombre y apellido.