En Mexicali, una transmisión en vivo bastó para exhibir lo que muchos comerciantes viven en silencio: amenazas, abandono institucional y una decisión imposible entre pagar o cerrar.
Gabriela Ponce, dueña del “Bazar de Gaby”, rompió en llanto frente a la cámara el pasado 1 de mayo. Horas antes, un hombre en motocicleta le había dejado un mensaje directo: si no pagaba “cuota”, quemarían su negocio y atentarían contra su familia. Detrás de la amenaza, según denunció, está el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Ya no puedo”, dijo — anunciado el cierre de un negocio que durante años sostuvo a varias familias.
“Hoy llegaron del Cártel Jalisco Nueva Generación a pedirnos dinero”, dijo, entre lagrimas. “Llegó una persona en moto, con un casco, con esta caja y, envuelto en ella, un mensaje que dice lo siguiente: ‘Comunícate o vamos a quemar tus negocios y a matarte a ti y a tu hijo’.”
Ponce no es nueva en esto. Según relató, llevaba al menos tres años enfrentando presiones similares. Incluso contaba con un botón de pánico. Pero cuando lo activó, nadie llegó. Esa ausencia — en el momento más crítico — fue lo que la empujó a hacer público su caso.
“Si me matan, quiero que sepan que soy una mujer hecha y derecha, que jamás he hecho algo chueco, que no participo ni tengo nexos con nadie”, dijo. “Si me van a quemar mi casa, pues ni modo; si me van a quemar el negocio, ni modo. Ya no te puedo decir que venderé tamales o algo, porque a lo mejor ahí también me caen. Pero ya no hay más que hacer. Qué tristeza”.
El video se volvió viral. Y entonces sí: llegaron las autoridades.
La Fiscalía General del Estado activó medidas de protección, abrió una investigación por extorsión agravada y canalizó el caso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero el daño ya estaba hecho. El negocio, dijo Ponce, no da para pagar extorsiones. Y el miedo tampoco desaparece con una patrulla afuera.
“Hace mucho que vivo mordiéndome las uñas para completar”, explicó. “Tengo mucha gente a mi cargo. Son muchas familias”.
Su historia detonó algo más grande. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California aprovechó el caso para lanzar una advertencia: la extorsión — especialmente la presencial — no solo ha crecido en la última década, sino que se ha normalizado bajo altos niveles de impunidad.
“Ningún negocio puede sobrevivir en un ambiente así”, señaló el organismo empresarial, subrayando que los más golpeados son los pequeños comercios, como el de Ponce.
El caso también reavivó un debate incómodo: ¿qué tan efectiva es la respuesta institucional si solo llega después de la presión pública?
Mientras tanto, la empresaria ya tomó su decisión. Cerró. Despidió a su equipo. Y se retiró, como había prometido que haría el día que esto le pasara.
“Yo sé que viven de la gente… pero nosotros somos gente de trabajo. Y ya más no se puede”.