Las últimas semanas han complicado aún más el panorama político del senador Adán Augusto López Hernández.
Este lunes comenzó a circular en redes sociales una versión no confirmada sobre una supuesta orden de aprehensión internacional en su contra y una presunta “ficha roja” de Interpol. La versión fue difundida por Simón Levy en su cuenta de Facebook, donde acumuló más de 150 mil reacciones.
“NO ES AÚN PÚBLICO, pero es deber ético informar a los mexicanos”, escribió en la publicación.
Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana, estadounidense ni la propia Interpol ha confirmado esa información. Sin embargo, dentro del Senado comenzó una reestructuración que ya alcanza a funcionarios identificados con el grupo político de Adán Augusto.
De acuerdo con la columna Bajo Reserva, de El Universal, diversas áreas administrativas de la Cámara Alta comenzaron a remover colaboradores cercanos al excoordinador de Morena. Varios de ellos provienen de Tabasco y lo acompañaron desde su paso por la Secretaría de Gobernación.
Por su parte, Adán Augusto López acumula tres semanas sin aparecer en las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Los movimientos ocurren apenas unos meses después de que Adán Augusto dejó la coordinación de la bancada morenista y la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Aunque oficialmente se presentan como ajustes administrativos, fortalecen la percepción de que su estructura política comienza a perder posiciones dentro del Senado.
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Ese reacomodo inevitablemente vuelve la mirada hacia quienes impulsaron su proyecto presidencial desde los estados.
En Baja California, esa historia conduce a dos nombres que aparecen una y otra vez: Julieta Ramírez, hoy senadora con licencia y aspirante a la gubernatura, y el exsecretario de Bienestar, Netzahualcóyotl “Netza” Jáuregui.
Durante la contienda interna de Morena de 2023, Netza fue el principal operador de Adán Augusto en Baja California.
Desde la Secretaría de Bienestar encabezó la estructura territorial que respaldó la aspiración presidencial del entonces secretario de Gobernación. Al mismo tiempo, su pareja sentimental Julieta Ramírez manifestó públicamente su apoyo y se convirtió en una de las figuras más visibles de ese proyecto en el estado.
Ambos presumían públicamente su cercanía política con Adán Augusto y el papel que desempeñaban en la construcción de su estructura en Baja California.
Fue precisamente durante ese proceso interno cuando estalló uno de los episodios más controvertidos de la sucesión presidencial de Morena.
En agosto de 2023 comenzaron a difundirse audios atribuidos a Valeria Oseguera, la coordinadora de Bienestar de Baja California. En ellos presuntamente condicionaba programas sociales para favorecer a Adán Augusto y retirar apoyo a Claudia Sheinbaum.
“Mi jefe es Netza”, afirmaba en una de las grabaciones, advirtiendo que quienes no apoyaran el proyecto de Adán Augusto podrían quedarse sin programas sociales.
Los audios provocaron investigaciones administrativas y una fuerte disputa interna dentro de Morena. Netza Jáuregui y la gobernadora Marina del Pilar rechazaron haber ordenado esas conductas. Hasta la fecha no existe una resolución penal en su contra. Aun así, el episodio se convirtió en uno de los principales señalamientos contra la operación política de Bienestar durante aquella contienda.
La cercanía entre Julieta Ramírez y Adán Augusto tampoco terminó con la elección presidencial.
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Después de llegar al Senado en 2024, Julieta fue acumulando responsabilidades dentro del grupo parlamentario hasta convertirse en vocera de Morena, uno de los cargos políticos de mayor exposición dentro de la bancada.
Su nombramiento ocurrió cuando Adán Augusto todavía mantenía una influencia determinante sobre la operación política del Senado. Con ello consolidó la presencia de una de sus aliadas más cercanas en una posición estratégica.
Al mismo tiempo, en Baja California continuó fortaleciéndose la estructura encabezada por Netza Jáuregui. Durante casi cinco años, la Secretaría de Bienestar se convirtió en una de las dependencias con mayor presencia territorial del gobierno estatal. Desde ahí se coordinaban programas sociales, jornadas comunitarias y una red de operadores en los siete municipios. Diversos analistas identificaron esa estructura como uno de los principales activos políticos del grupo encabezado por Marina del Pilar rumbo a la sucesión de 2027.
La importancia política de esa dependencia también quedó expuesta en Baja California Sur. Ahí, una investigación por el presunto desvío de más de 54 millones de pesos del Instituto de Vivienda (INVI) ya derivó en la detención y el proceso de exfuncionarios. Además, la Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta red que habría desviado recursos públicos para financiar la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández.
El caso volvió a poner bajo la lupa el uso político de estructuras gubernamentales con amplia presencia territorial. También aumentó el escrutinio sobre quienes encabezaron dependencias como la Secretaría de Bienestar que dirigió Netza Jáuregui en Baja California.
Cuando Netza dejó la Secretaría de Bienestar el mes pasado, se incorporó de inmediato al proyecto político de Julieta Ramírez. El movimiento reforzó la percepción de que ambos continúan operando como una misma fórmula política rumbo a la sucesión estatal.
El contexto nacional tampoco ayuda a disminuir el escrutinio.
Desde 2025, Adán Augusto ha enfrentado cuestionamientos derivados del caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante su administración como gobernador. Bermúdez fue señalado por autoridades como presunto líder del grupo criminal La Barredora.
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Posteriormente surgieron investigaciones periodísticas que documentaron aportaciones a la precampaña presidencial de Adán Augusto por parte de empresarios vinculados con familiares de Bermúdez Requena. Los reportes ampliaron el debate público sobre la red política que acompañó al exsecretario de Gobernación.
Hasta ahora, Adán Augusto no enfrenta cargos judiciales derivados de esos hechos. Tampoco existe una investigación oficial pública que lo responsabilice penalmente. Del mismo modo, las versiones sobre una supuesta orden de aprehensión internacional y una “ficha roja” permanecen sin confirmación oficial.
A ese contexto se suma otro frente. En las últimas semanas han surgido versiones de que Adán Augusto forma parte de la creciente lista de funcionarios y políticos mexicanos a quienes Estados Unidos les habría revocado la visa. En esa lista ya figura la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Según ha reportado el periodista Luis Chaparro, también estaría incluida la senadora Julieta Ramírez.
Hasta ahora, Adán Augusto ha evitado responder públicamente sobre su situación migratoria. La combinación de esos señalamientos y la pérdida de espacios dentro del Senado vuelve a colocar bajo los reflectores a quienes construyeron su proyecto político desde las entidades.
En Baja California pocos nombres aparecen tan ligados a esa historia como Julieta Ramírez y Netza Jáuregui. Ella ascendió hasta la vocería de Morena durante el periodo de mayor influencia de Adán Augusto en la Cámara Alta. Él encabezó la estructura de Bienestar mientras promovía su proyecto presidencial en el estado.
Hoy, mientras el grupo político del tabasqueño enfrenta uno de sus momentos más complejos, esa cercanía vuelve a convertirse en parte de la conversación política.