Nuevos audios y mensajes revelan que Marina del Pilar contrató a un exagente del FBI y la DEA para negociar con autoridades de Estados Unidos

De acuerdo con una investigación de Héctor de Mauleón, los servicios de asesoría del exagente del FBI Juan Sandoval habrían costado alrededor de 300 mil dólares

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, contrató a un exagente del FBI como asesor para intentar resolver la cancelación de su visa estadounidense y conocer si existían investigaciones federales en su contra en Estados Unidos.

Así lo revela una nueva entrega de la columna En Tercera Persona, del periodista Héctor de Mauleón, publicada este lunes en El Universal. La investigación incluye un nuevo audio y conversaciones de WhatsApp atribuidas a la mandataria, donde identifica al consultor como Juan Sandoval, un exagente del FBI radicado en San Diego.

“Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD (San Diego), por eso lo contraté”, escribió Marina del Pilar en un chat fechado en diciembre de 2025.

Fuente de imagen: Hector de Mauleón

De acuerdo con la columna, Sandoval cobró alrededor de 300 mil dólares por asesorar a la gobernadora. Trabajó en coordinación con Michael Nadler, abogado especializado en delitos de cuello blanco, para diseñar una estrategia de acercamiento con autoridades estadounidenses.

La investigación sostiene que ambos organizaron al menos tres reuniones presenciales entre la mandataria e intermediarios vinculados con agencias de Estados Unidos. Durante esos encuentros, le plantearon la posibilidad de firmar una proffer letter. En este tipo de acuerdo una persona ofrece colaborar con las autoridades a cambio de que la información proporcionada no pueda utilizarse directamente en su contra.

Las revelaciones coinciden con lo publicado previamente por el Semanario ZETA, que confirmó que un investigador estadounidense sostuvo tres reuniones con la gobernadora.

Los nuevos chats también contradicen la explicación que la gobernadora ofreció recientemente. Marina del Pilar aseguró que todo formó parte de una trampa organizada por el exgobernador Jaime Bonilla. 

Leer más: Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de tenderle una trampa con los audios filtrados sobre su visa

Sostuvo que las personas con quienes habló eran falsos intermediarios que se hicieron pasar por representantes del gobierno estadounidense.

Sin embargo, las conversaciones difundidas este lunes muestran que, antes de esos contactos, ya había contratado a un exagente del FBI, contaba con un equipo legal especializado y buscaba abrir canales de comunicación con autoridades de Estados Unidos.

En otro mensaje, la mandataria incluso reclama que algunas gestiones se realizaran sin involucrar a sus abogados.

“Ellos saben que tengo abogados y deberían ver todo esto a través de mis abogados.”

El interlocutor responde que únicamente buscaba facilitar el contacto y celebra que Sandoval y su equipo conocieran previamente a funcionarios del FBI.

Fuente de imagen: Hector de Mauleón

La columna identifica a Juan Sandoval como un consultor ampliamente conocido en la frontera norte. Diversos reportes lo relacionan con Juan Carlos Sandoval, exagente encubierto que participó en operaciones contra el Cártel de Sinaloa y posteriormente integró una unidad de élite del FBI dedicada al combate del narcotráfico.

También intervino en investigaciones que contribuyeron a la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado oficialmente que se trate de la misma persona.

Esta es la cuarta entrega de la serie de audios difundidos por Héctor de Mauleón desde junio. Las filtraciones anteriores revelaron conversaciones sobre reuniones con presuntos representantes estadounidenses, la posibilidad de compartir información obtenida en las mesas de seguridad y un encuentro que, según las grabaciones, se planeaba realizar en Panamá.

Con este nuevo material, el caso deja de centrarse únicamente en la versión de una supuesta “trampa”. Los audios muestran que la gobernadora ya había contratado a un exagente del FBI, conformado una estrategia legal y destinado alrededor de 300 mil dólares para gestionar su situación ante las autoridades estadounidenses meses antes de que el escándalo saliera a la luz.

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