Durante los últimos meses comenzó a circular una idea cada vez más frecuente en Tijuana: la vivienda finalmente está bajando de precio. Y aunque parte de eso tiene algo de verdad, el contexto es mucho más complejo de lo que parece.
Después de años de aumentos constantes impulsados por la demanda fronteriza, el nearshoring y el crecimiento vertical de la ciudad, algunos sectores inmobiliarios comenzaron a mostrar señales de desaceleración durante 2026. Especialmente en rentas y propiedades de alta gama, propietarios y desarrolladores han tenido que ajustar precios ante una menor velocidad de ventas y una demanda más cautelosa.
Sin embargo, eso no significa que vivir en Tijuana se haya vuelto barato. De acuerdo con reportes recientes, el precio promedio de la vivienda en la ciudad sigue rondando los 60 mil pesos por metro cuadrado, colocando a Tijuana entre los mercados inmobiliarios más caros del país. En zonas como Zona Río, Calete o Centro, los costos pueden superar fácilmente los 75 mil pesos por metro cuadrado.
Lo que sí cambió es el ritmo del mercado.
Tras una caída aproximada del 25% en la demanda inmobiliaria durante 2025, varias propiedades comenzaron a permanecer más tiempo vacías, obligando a ciertos propietarios a reconsiderar precios, especialmente en renta.
La conversación también empezó a trasladarse a redes sociales y foros locales, donde usuarios cuestionan cómo ciertas zonas mantienen costos elevados pese a problemas de movilidad, infraestructura o distancia. Para muchos tijuanenses, el problema ya no es únicamente cuánto cuesta vivir aquí, sino qué tan sostenible resulta seguir pagando esos precios.
Aun así, especialistas coinciden en algo: no parece tratarse de un colapso inmobiliario.
La ciudad sigue recibiendo presión de demanda gracias a trabajadores binacionales, inversión y crecimiento industrial, factores que continúan sosteniendo gran parte del mercado.
Más que una caída definitiva, Tijuana parece entrar en una etapa de reajuste. Una donde el mercado comienza a enfrentarse, poco a poco, a los límites reales de lo que la ciudad puede pagar.