“Es indigno que un exgobernador haga acusaciones tan serias sin mostrar prueba alguna, con la única intención de difamar, de calumniar, de mentir, con el fin de desviar la atención”, dijo la gobernadora de Baja California.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, respondió esta mañana a las recientes declaraciones del exmandatario Jaime Bonilla Valdez.
“Las y los bajacalifornianos nos merecemos gobernantes y exgobernantes a la altura del pueblo de Baja California, que está muy por encima del nivel tan bajo que está demostrando el exgobernador Jaime Bonilla”, agregó.
La mandataria calificó los señalamientos como “sumamente irresponsables” y confirmó que su gobierno analiza la posibilidad de presentar una denuncia contra el exgobernador.
Las tensiones entre ambos políticos se intensificaron en los últimos días después de que Bonilla acusara públicamente a la gobernadora y a integrantes de su entorno cercano de tener vínculos con el crimen organizado. En declaraciones previas incluso aseguró que el gobierno estatal operaba como un cártel.
“El gobierno dejó de ser socio de los cárteles para convertirse en un cártel. Un cártel que ya le hace competencia a los que ya todos conocemos”, afirmó Bonilla en 2023.
Ese mismo año también lanzó críticas personales contra la mandataria. Aseguró que a la gobernadora no le interesaba el oficio político y que prefería “bailar, hacer TikToks y enriquecerse ilícitamente”.
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La confrontación política volvió a escalar esta semana cuando el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California sancionó formalmente a Bonilla por violencia política en razón de género contra la gobernadora.
El tribunal determinó que diversas expresiones del exmandatario reprodujeron estereotipos de género y vulneraron la investidura de la titular del Poder Ejecutivo estatal. Como parte de la resolución, Bonilla recibió una amonestación pública y será inscrito en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres. La decisión también incluye medidas de reparación, entre ellas capacitación obligatoria en perspectiva de género para evitar reincidencias.
En redes sociales, la decisión del tribunal generó confusión y críticas entre algunos usuarios. Tras conocerse la sanción comenzaron a circular miles de comentarios cuestionando la determinación.
“Decir que está coludida con el narcotráfico no es violencia de género. Simplemente es la verdad”, escribió la usuaria Paulina Vázquez. “La verdad molesta y se escudan con que es mujer. Pues muy mal”. Otros comentarios expresaron opiniones similares.
“Ahora resultó que expresar una verdad es violencia de género”, opinó Nancy Ordoñez.
Las reacciones reflejan el clima de polarización política que rodea el conflicto entre el exgobernador y la actual administración estatal. Es una disputa que en los últimos meses también se ha trasladado al terreno judicial.
Las acusaciones de Bonilla ocurren además en medio del proceso penal que enfrenta el exmandatario.
El pasado 24 de marzo, un juez lo vinculó a proceso por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones en un caso relacionado con el polémico contrato firmado con la empresa energética Next Energy durante su administración.
El proyecto contemplaba la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali. El acuerdo comprometía al gobierno estatal a pagar alrededor de 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que habría generado una obligación financiera superior a los 35 mil millones de pesos. La actual administración canceló el proyecto al detectar que no contaba con permisos federales y que comprometía participaciones federales del estado.
Bonilla ha rechazado las acusaciones. En declaraciones a la prensa ha sostenido que el gobierno estatal construyó una narrativa errónea sobre el proyecto energético y exageró su impacto financiero.
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Según su versión, el plan contaba con respaldo del gobierno federal durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Allá en Mexicali, donde tanto sol hay en la Laguna Salada, me dijo el presidente: ‘Adelante, inicia el proyecto’”, relató el exgobernador. También acusó a la actual administración de cancelar el proyecto por intereses políticos.
“Lo empezamos y llega la gobernadora y dijo: ‘No, este no es negocio ni para mí, ni para mi esposo, ni para mi grupo’, y lo canceló”, afirmó.
Pese al cruce de declaraciones, Ávila Olmeda reiteró que el proceso judicial contra su antecesor no tiene motivaciones políticas.
“Cuando revisamos el contrato vimos que comprometía miles de millones de pesos de los bajacalifornianos”, dijo la gobernadora. “Al ver que podía afectar las finanzas públicas decidimos proceder”.
El caso Next Energy podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes contra un exgobernador en Baja California — hasta ahora. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Bonilla y la actual administración sigue escalando en tribunales, en la arena política y también en el debate público.